El mes pasado, el Condado Douglas se convirtió en la primera jurisdicción de Nevada en años en unirse a un controvertido programa conocido como 287(g) que delega en agentes locales de la ley la tarea de hacer cumplir leyes federales de inmigración. Eso no solo abarcó una versión que permitiría trabajo migratorio en la cárcel, sino una forma ampliada que les habría permitido detener en la comunidad a personas sospechosas de ser indocumentadas incluyendo arrestarlas sin orden judicial.
Pero poco después, la oficina del Alguacil de dicho condado del Norte de Nevada, que abarca Minden, Gardnerville y bahías del Lago Tahoe, se retractó y explicó que no firmaron un acuerdo que habría permitido todas esas detenciones, conocido como modelo grupo de trabajo 287(g) (TFO).
“Nunca fue mi intención participar en el modelo TFO”, dijo el Alguacil del Condado Douglas, Dan Coverley, en un correo electrónico obtenido a través de una solicitud de registros públicos al Departamento de Seguridad Nacional en la tarde del 7 de marzo.
Ese correo electrónico surgió una semana después de que su oficina publicó un boletín de prensa diciendo que los medios de comunicación reportaron incorrectamente la participación del Condado Douglas en el programa modelo del grupo de trabajo.
Según ese comunicado, el Condado Douglas no planea detener o interrogar a personas únicamente para determinar su estatus migratorio ni realizar operaciones de control migratorio como “redadas de inmigración”.
Pero The Nevada Independent ha obtenido documentos a través de solicitudes de registros públicos que indican que el Condado Douglas inicialmente firmó dicho acuerdo.
Un memorando de entendimiento (MOU) que firmaron el 19 de febrero la oficina del alguacil y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE) autorizó a ciertos oficiales del Condado Douglas a cumplir exactamente los mismos deberes que se describen en el modelo del grupo de trabajo, incluido el arresto sin orden judicial de personas sospechosas de ser indocumentadas.
El acuerdo — que según Coverley ya fue revocado — también habría permitido a algunos oficiales del Condado Douglas transportar a personas indocumentadas a centros de detención de ICE.
El Condado Douglas sigue participando bajo el modelo servicio de órdenes judiciales que les permite ejecutar órdenes administrativas de ICE en sus cárceles para personas indocumentadas “designadas”.
Aún así, Coverley dijo a The Nevada Independent que no se dio cuenta que había firmado un acuerdo de ese tipo, ya que la documentación que envió ICE no decía explícitamente grupo de trabajo en el título.
La confusión sobre la colaboración del Condado Douglas con ICE ha generado preguntas de legisladores, grupos de derechos civiles e incluso el propio alguacil en cuanto a cómo es exactamente la colaboración de la policía local con ICE, todo mientras el Presidente Donald Trump comienza su segundo mandato.
Los efectos de una mayor colaboración en los esfuerzos de deportación masiva del gobierno podrían ser especialmente altos en Nevada, que tiene la mayor población indocumentada per cápita del país.
El acuerdo 287(g) del Condado Douglas es parte de una expansión más grande a nivel nacional del programa, que Trump ha visto como un impulso potencial de fuerza laboral ante la escasez de personal de ICE.
Según la página de internet de ICE, hasta principios de marzo el Condado Mineral es la única otra agencia de Nevada que participa en el 287(g) con un acuerdo pendiente de modelo de grupo de trabajo y un acuerdo de oficial de servicio activo bajo el modelo servicio de órdenes judiciales.
Coverley señaló que pensaba que el acuerdo del grupo de trabajo era parte de otro acuerdo que firmó su agencia, conocido como “modelo de servicio de órdenes judiciales”, que permite a ciertos oficiales ejecutar órdenes administrativas de ICE en sus cárceles.
“Fue una suposición de mi parte, lo cual fue incorrecto”, dijo Coverley en una entrevista con The Nevada Independent el miércoles.
Athar Haseebullah, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada, señaló que la confusión del alguacil es resultado de la naturaleza complicada de los acuerdos entre la policía local y el gobierno federal, especialmente porque se ha criticado a la administración Trump acerca de su transparencia y amenazas a los derechos de la Primera Enmienda.
“Si la propia oficina del alguacil tiene dificultades para entender la distinción entre los dos [acuerdos], imagínense cómo se ve eso para el resto del estado … y el resto de la comunidad”, dijo Haseebullah.
Durante una audiencia el miércoles en la Legislatura acerca del Condado Douglas, legisladores cuestionaron a Coverley acerca de los detalles de su acuerdo 287(g) y si dicha entidad planeaba usar recursos locales para financiar la aplicación de la ley federal de inmigración.
“Creo que a final de cuentas, una de las mayores preocupaciones que siempre hemos tenido acerca de si vamos a trabajar o no con [el Departamento de Seguridad Nacional] y la aplicación de ICE es cómo vamos a gastar el dinero de manera segura porque es dinero que simplemente no tenemos”, mencionó el Senador estatal Demócrata Edgar Flores.
Una sección del acuerdo de Douglas con ICE estipula que el gobierno federal puede emitir órdenes de viaje a personal seleccionado si “la capacitación proporciona un servicio directo para el gobierno”, pero que el gobierno local sigue siendo responsable de los salarios de los oficiales, una cláusula que cuestionaron los legisladores en la audiencia.
Aunque Coverley dijo que “estaría bien que nuestros socios federales lo analizaran más”, sostuvo que el costo del programa 287(g) es “muy mínimo” para su oficina. Añadió que ICE paga el equipo y horas extras de los oficiales asignados a tareas de control migratorio.
Coveley agregó que cinco oficiales del Condado Douglas participarán en el programa modelo de servicio de órdenes judiciales en la cárcel, y recibirán capacitación por internet en una fecha futura.
El alguacil sostiene que la participación del Condado Douglas en el programa 287(g) es fundamental para la seguridad pública.
“Si estás quebrantando la ley y cometiendo delitos, entonces vamos a hacer todo lo que podamos para responsabilizarte, si eso incluye deportarte”, dijo Coverley en entrevista.
