Una persona interna en un centro de detención de inmigrantes en Nevada dijo que le negaron medicamentos antes de sufrir una convulsión y que durante tres días se le dejó en el piso de su celda sin jabón, baño, ni papel higiénico adecuado, según una queja federal presentada ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Esa fue una de 61 denuncias que presentaron personas detenidas en 2023 ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, lo que generó una investigación federal sobre las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Nevada a principios de este año.
El Centro de Detención del Sur de Nevada en Pahrump recibió 36 quejas por negligencia médica, discriminación racial y agresiones verbales. El Centro de Detención del Condado Nye enfrentó 25 denuncias.
Varias quejas citaron problemas para que los detenidos tuvieran acceso a servicios de salud — desde ser ignorados por personal médico, hasta un paciente que recibió una inyección accidental de insulina.
La política de ICE estipula que las instalaciones deben brindar “atención médica y de salud mental integral a no ciudadanos desde el momento de su llegada”.
Varias personas detenidas también se quejaron de que habían sufrido abusos verbales, que no podían comunicarse con personal de ICE debido a barreras lingüísticas y/o que sistemáticamente se les negó acceso a servicios de atención legal.
Según las quejas — redactadas para proteger la identidad de las personas detenidas — las investigaciones hechas en las instalaciones revisarían las condiciones, comunicación del personal y atención médica y de salud mental.
Los investigadores no han revelado públicamente ninguna actualización desde febrero, cuando el DHS anunció la indagación. Funcionarios de ICE no respondieron a una petición de comentarios por parte de The Nevada Independent.
Freedom for Immigrants, un grupo que ayudó a varias personas detenidas por ICE a presentar las quejas, informó que no ha recibido ninguna actualización desde marzo.
“No hay una verdadera supervisión independiente de estos centros de detención que funcionan como prisiones”, dijo Amanda Diaz, directora de organización de Freedom for Immigrants. “La CRCL (Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS) puede investigar estas quejas por su cuenta, pero vemos que la mayoría no se investigan. Es como si ICE investigara a ICE”.
Once de las 18 quejas estaban relacionadas con falta de atención médica y de acceso a una cantidad adecuada de alimentos y agua limpia.
“Hay un gran riesgo de represalias cuando la gente denuncia”, dijo Diaz. “ICE ha utilizado la táctica del miedo desde sus inicios para prevenir que las personas presenten una queja y revelen lo que está pasando dentro de los centros de detención de inmigrantes”.
Según los denunciantes, parte del problema es que hay una importante barrera lingüística entre funcionarios y personas detenidas, lo que agrega tensión a lo que muchos describen como un ambiente discriminatorio y racista.
Historial de quejas
El año pasado, varios grupos de defensa en Nevada, incluyendo la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) y Arriba Las Vegas Workers Center, presentaron quejas argumentando malos tratos por motivos raciales a personas detenidas en instalaciones de ICE, incluyendo casos de negligencia médica y negación de servicios legales adecuados.
Después de presentar múltiples quejas médicas, Erik Mercado, un detenido de ICE, fue transferido al centro de espera de Nevada y denunció que duerme junto un urinario debido al hacinamiento. De acuerdo con Freedom for Immigrants, Mercado sigue bajo custodia.
El año pasado, Arriba Las Vegas Workers Center y Freedom for Immigrants señalaron que estos incidentes son parte de un patrón más amplio de racismo, citando el caso ocurrido en 2020 en el que un capitán del Centro de Detención del Sur de Nevada fue despedido por vínculos con un grupo neonazi.
El proceso de supervisión puede ser aún más complicado para empresas privadas como CoreCivic, que administra el Centro de Detención del Sur de Nevada y tiene un “incentivo de lucro” para mantener a personas detenidas, dijo Diaz.
CoreCivic, que obtuvo $552.2 millones de dólares en ganancias provenientes de sus contratos de detención de ICE en 2022, realiza auditorías internas que están disponibles en su sitio de internet y que indican que el Centro de Detención del Sur de Nevada cumple con los estándares.
Funcionarios públicos, incluyendo las Senadoras Demócratas por Nevada Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, han pedido en repetidas ocasiones una revisión de los centros de detención de ICE en Nevada.
En septiembre de 2020, Cortez Masto también visitó el Centro de Detención del Sur de Nevada después de que 25 detenidos demandaron a la instalación por preocupaciones relacionadas con la pandemia y las condiciones de vida.
