La semana pasada el Gobernador Joe Lombardo emitió una declaración junto con otros gobernadores Republicanos reiterando su disposición para desplegar fuerzas estatales de seguridad pública y la Guardia Nacional para apoyar esfuerzos de deportación bajo el gobierno del Presidente Electo Donald Trump.
Lo anterior podría tener implicaciones significativas en Nevada, que tiene la población indocumentada per cápita más alta de todos los estados.
Lombardo — al igual que todos los gobernadores Republicanos, excepto el mandatario de Vermont, Phil Scott — afirmó que está dispuesto a “utilizar todas las herramientas” a su disposición para prevenir la inmigración ilegal.
Lombardo había declinado comentar previamente si él desplegaría la Guardia Nacional de Nevada para apoyar la campaña de deportación masiva que propuso Trump, y en una conferencia de prensa dos días antes dijo que “es demasiado pronto para opinar sobre lo nebuloso o lo desconocido”.
“Sé que se prometen muchas cosas durante las campañas y luego entra en juego la viabilidad de implementarlas”, dijo Lombardo el 9 de diciembre en la conferencia de la Asociación de Gobernadores de la Zona Oeste.
¿Qué tan “práctico” es desplegar la Guardia Nacional de Nevada y cómo se llevaría a cabo tal medida?
Ni la oficina de Lombardo ni la Guardia Nacional de Nevada respondieron a solicitudes de comentarios.
¿Qué es la Guardia Nacional?
Es un componente especial del ejército de los EE.UU. que responde a gobernadores estatales y al presidente.
La mayoría de las veces, los elementos de la Guardia Nacional están comandados por los gobernadores de sus respectivos estados, pero, en ciertos casos, los presidentes pueden unirlos bajo un mando federal completo, aunque rara vez puede ser sin el consentimiento del gobernador de un estado.
La guardia nacional del estado cumple con misiones en el extranjero, fuerza policial en eventos comunitarios, y respuesta a incendios forestales. También prestó su apoyo durante la respuesta del estado al coronavirus, que significó su despliegue nacional más grande y prolongado.
¿Qué podría hacer la guardia para ayudar con el cumplimiento de la inmigración?
Si los gobernadores Republicanos cumplen sus promesas, podrían facilitar en gran medida la ejecución de una campaña nacional de deportaciones masivas.
Bajo la ley federal, un estado primero debe obtener el permiso de otro para desplegar su Guardia Nacional en ese territorio. Por lo tanto, si todos los gobernadores Republicanos están de acuerdo, Trump podrá desplegar la Guardia Nacional con mayor facilidad y los estados Republicanos podrán enviar tropas de apoyo a otros territorios.
Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) considera que la Guardia Nacional podría facilitar la logística de una campaña de deportación masiva, liberando la mano de obra militar federal.
“La capacidad logística, el espacio de detención, la capacidad de transporte y el personal son retos que la administración Trump tendrá que enfrentar si realmente va a aumentar las deportaciones”, explicó Kagan.
¿La Guardia Nacional ha estado involucrada antes en el control de la inmigración?
Su despliegue para ayudar con el control de la inmigración tiene precedentes. En abril de 2018, Trump envió unidades de Texas, Arizona y California a la frontera sur para “apoyo logístico” y en 2010, el Expresidente Barack Obama también utilizó la Guardia Nacional para apoyar a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza con roles similares.
Sin embargo, el uso de fuerzas de la Guardia Nacional o militares en servicio activo para ayudar a deportar inmigrantes en el interior del país podría ser un aumento drástico de su uso anterior en el tema migratorio, según el grupo de expertos progresista sin fines de lucro Brennan Center for Justice.
Por lo general, la Guardia Nacional y el ejército brindan apoyo logístico en formas que no interactúan directamente con migrantes, dejando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la tarea de identificar, detener y expulsar a migrantes no autorizados.
La ley federal generalmente prohíbe el uso de miembros del servicio activo para aplicar la ley dentro de los EE. UU., a menos que lo autorice el Congreso o si el presidente invoca la Ley de Insurrección, acción que Trump prometió ejercer en su primer día en el cargo.
El papel del gobierno estatal
Sin embargo, la Legislatura de Nevada, controlada por Demócratas, podría complicar los esfuerzos del estado para seguir adelante con la plataforma de inmigración de Trump.
Aunque la ley de inmigración es federal, las fuerzas locales del orden público desempeñan un papel enorme en implementarla al registrar más del 70 por ciento de los arrestos de ICE en los EE.UU. durante la última década procedentes de otra agencia de aplicación de la ley.
Muchos estados con legislaturas de mayoría Republicana ya están creando propuestas que complementarían las políticas de inmigración de Trump, como requerir que las agencias policiales locales que notifiquen a ICE cuando tomen bajo custodia a alguien que se encuentra en el país ilegalmente, incluso si los cargos no tienen nada que ver con su estatus migratorio.
La Asambleísta estatal Demócrata Selena Torres dijo que ella espera que algunos estatutos que ha establecido la Legislatura en los últimos años mitigarán los efectos de una campaña de deportación masiva.
Ella puso como ejemplo el AB195, un proyecto de 2021 que declara que los estudiantes tienen derecho a recibir educación pública independientemente de su estatus migratorio (una decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. que data de 1982 también defiende ese derecho).
Torres agregó que espera volver a presentar una iniciativa que ella patrocinó anteriormente y que bloquearía la colaboración entre ICE y agencias policiales estatales y locales, conocidas como programas 287(g) en Nevada.
Bajo esos acuerdos, personal de la cárcel notifica a ICE cuando una persona sospechosa de ser indocumentada se encuentra en sus instalaciones y, a veces, la retienen por tiempo adicional, lo que permite que agentes de ICE tomen custodia de la persona antes de ponerla en libertad.
Aunque actualmente no existen acuerdos 287(g) en Nevada, opositores han cuestionado la transparencia, señalando que el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) no publica detalles sobre quién está detenido y qué provocó los arrestos.
Y aunque LVMPD terminó su acuerdo 287(g) en 2019, cuando Lombardo era alguacil, se reveló en 2021, que bajo su dirección, esa agencia policial ayudó a agentes de ICE a arrestar potencialmente a cientos de inmigrantes indocumentados no violentos.
“Requerir que nuestras agencias del orden público hagan el trabajo de los funcionarios de inmigración no es una de esas responsabilidades que se supone que deben cumplir”, dijo Torres.
