Un grupo de inquilinos, en su mayoría mujeres y madres de familia, además de hombres afroamericanos y latinos, llenó la Corte de Justicia de North Las Vegas en sus dos sesiones vespertinas del tribunal de desalojos de vivienda a mediados de julio.
Una parte considerable de testimonios requirieron un intérprete en español y los inquilinos terminaron confundidos, frustrados y llorando cuando se les dijo que abandonaran sus viviendas ese mismo día para evitar ser removidos en persona.
Con el vencimiento el 5 de junio en las protecciones creadas durante la pandemia para que propietarios mantuvieran a los inquilinos alojados durante al menos 60 días si los habitantes de la vivienda solicitaban ayuda para el pago de la renta, ahora inquilinos del sur de Nevada están siendo desalojados de sus hogares; mientras que otros se están mudando a otra región.
“Realmente es una pena para todos los involucrados”, dijo la jueza Belinda T. Harris en una entrevista con The Nevada Independent.
Inquilinos que se han presentado ante ella debían entre $1,300 (uno o dos meses de alquiler) y más de $15,000 dólares. En algunos casos, los habitantes recibieron varios avisos de desalojo.
Unos 40 inquilinos presentaron sus casos ante Harris el 18 de julio. La mayoría se representaron a sí mismos, estaban enfrentando desalojo de sus hogares por falta de pago, y tenían que dejar su vivienda en unos siete días. Algunos tenían trabajos, otros eran desempleados y algunos tenían ingresos fijos.
Esos casos tienen lugar cuando inversionistas corporativos con sede fuera de Nevada han impulsado un alza en precios de rentas de 25 por ciento a 40 por ciento desde 2019. Eso ha llevado a que algunos busquen políticas de control de rentas (como en North Las Vegas en 2022) para evitar el aumento de precios, pero esas medidas no avanzaron.
Un reporte de la Universidad de Princeton indica que en junio hubo un aumento del 170 por ciento en solicitudes de desalojo en el Valle de Las Vegas, en comparación con la cantidad de solicitudes durante el mismo mes antes de la pandemia.
El informe, que calcula datos de los tribunales del sur de Nevada, encontró que en junio se presentaron casi 5,000 solicitudes. En total, se encontró que, desde mayo de 2020, se realizaron 123,422 solicitudes de desalojo con casi 60,000 presentados el año pasado — un aumento del 160 por ciento desde antes de la pandemia.
En Nevada, el proceso de desalojo sumario requiere que el inquilino, y no el propietario, presente primero un caso de desalojo contra el dueño si el habitante recibe una notificación para dejar la vivienda, o debe irse en un plazo de siete días para evitar que un alguacil lo saque físicamente, se bloquee la entrada a la propiedad, o se efectué un desalojo, lo que afecta el historial del inquilino.
“Creo que puede haber un repunte [en los desalojos], pero pienso que lo que sorprendió a la gente son las cantidades que se deben”, dijo Harris.
Aunque en este momento los alquileres no son tan altos como el año pasado, el costo promedio de un apartamento en Nevada todavía está por encima de lo que se considera asequible — 30 por ciento o menos del ingreso mensual promedio del habitante.
La Asociación de Apartamentos del Estado de Nevada informó que el costo promedio de renta en el sur de Nevada durante el primer cuatrimestre fue de $1,430 al mes y $1,510 en el norte del estado.
El ingreso mensual medio de los nevadenses es de casi $2,900, lo que significa que un habitante del sur de Nevada necesitaría ganar $1,390 más que el ingreso mensual promedio del estado para que el alquiler promedio se considere asequible. Un habitante del norte de Nevada tendría que ganar unos $1,630 más.
El aumento en procedimientos judiciales de desalojo sigue al final de una sesión legislativa en la que varios proyectos de ley de vivienda destinados a abordar el proceso de desalojo del estado no avanzaron.
Las provisiones del proyecto de ley AB486, que se aprobó en 2021 para evitar desalojos para quienes habían solicitado ayuda para el pago de la renta, expiró en junio. Además, el Gobernador Joe Lombardo vetó una iniciativa que contenía un intento para extenderlo.
Lombardo enfrentó críticas después de que él vetó proyectos que habrían reformado el proceso de desalojo sumario único de Nevada, establecido límites en precios de alquiler para adultos mayores y protecciones de desalojo extendidas para quienes esperaban ayuda para el pago de la renta.
Mujeres, niños y ‘personas de color’
Otros estudios sobre desalojos revelan un sistema racializado de desplazamiento y su papel en la reproducción de la pobreza mayoritariamente de mujeres, niños y personas de escasos recursos, con un mayor número de instancias que involucran a mujeres afroamericanas con hijos.
De acuerdo con estimaciones de población para 2022 de la Oficina del Censo de los EE. UU., casi el 13 por ciento de las familias de North Las Vegas, o cerca de 36,000 hogares, viven en la pobreza. En el Condado Clark, casi el 15 por ciento — unas 348,000 personas — viven en la pobreza o ganan $14,580 al año o menos.
A medida que expiran las protecciones de desalojo implementadas durante la pandemia y aumentan los costos de bienes y servicios debido a la inflación, activistas temen que se incrementen la inseguridad de la vivienda y las tasas de desalojo.
Harris dijo que está viendo el resultado puro del trato relacionado con el proceso de desalojo en North Las Vegas y señaló que el programa de extensión que venció el mes pasado era un nuevo sistema para el estado de Nevada y el Condado Clark.
“Y eso no quiere decir necesariamente que las leyes sean terribles o peores [ahora] … pero es solo que regresaron a donde siempre estuvieron”, dijo.
