A los padres de Elias Benjelloun les entregaron órdenes de deportación muy poco después de que el Presidente Electo Donald Trump asumió el cargo en 2016.
Para la familia, dijo Benjelloun, esa orden fue como una traición. La solicitud de asilo de la familia, que es originaria de los Países Bajos, había estado pendiente por décadas antes de que la agencia federal FBI les otorgara ayuda después de que el padre de Benjelloun — propietario de un popular salón de hookah en Las Vegas — reportó información.
Pero cuando Trump asumió el cargo, el FBI dejó el caso repentinamente.
“Básicamente nos tiraron a la banqueta”, dijo Benjelloun, de 29 años, quien sigue indocumentado. “Eso condujo finalmente a su deportación”.
Ahora, para Benjelloun, al igual que para otros nevadenses indocumentados, la amenaza de deportación vuelve a acechar con la repetida promesa de Trump de una campaña de deportación masiva.
En Nevada, que tiene más población indocumentada per cápita comparado con todos los estados y la mayor proporción de familias de estatus mixto en la nación, los efectos de una campaña de este tipo podrían ser especialmente severos. Además de separar a seres queridos, defensores de la inmigración argumentan que esa acción podría ser muy perjudicial para la economía y el tejido cultural de Nevada.
Michael Kagan, profesor de derecho en la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) y director de la Clínica de Inmigración de UNLV, señaló que, a pesar de los obstáculos logísticos de una operación tan grande y costosa, la amenaza de deportaciones masivas sigue siendo una “posibilidad muy real”.
Durante su primer mandato, Trump implementó políticas de inmigración restrictivas que podría reestablecer, como la deportación acelerada a lo largo de la frontera sur — que permite a funcionarios de inmigración expulsar a no ciudadanos sin una audiencia — y la “Prohibición Musulmana” que bloqueó temporalmente los viajes desde siete países predominantemente musulmanes.
Si una política como la expulsión acelerada se expande más allá de la frontera, se podrían acelerar las deportaciones y aumentar la cifra de personas expulsadas del país, dijo Kagan.
“Si un oficial de ICE cree que esta persona podría ser deportada, y si no está satisfecho con que esta persona haya estado aquí durante dos años, la podrían llevar a un centro de deportación sin acudir primero ante un juez”, explicó Kagan.
El Consejo Americano de Inmigración, organización de tendencia izquierdista, calcula en un reporte que una campaña de deportación masiva podría costar $88 billones de dólares al año, totalizando cerca de $968 billones en una década.
Además de los costos operativos de arrestar, detener y procesar a las personas, EE.UU. tendría que construir 24 veces más centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los que existen actualmente, y más de 1,000 tribunales de inmigración para sostener la operación.
Para complementar a ICE, Trump afirmó que planea usar poderes de guerra y utilizar al ejército de los EE.UU. para realizar deportaciones, incluyendo enviar a la Guardia Nacional de estados cooperantes gobernados por Republicanos hacia estados que se nieguen a colaborar.
Las empresas penitenciarias privadas también han comenzado a trabajar con asociados de Trump para coordinar deportaciones masivas y, justo el mes pasado, Texas le ofreció al presidente electo más de mil acres para centros de detención.
La oficina del Gobernador Republicano Joe Lombardo no respondió a una solicitud de comentarios acerca de si estaría dispuesto a desplegar a la Guardia Nacional de Nevada. Si Lombardo se opusiera a tal propuesta, Trump podría eludirlo mediante la Ley de Insurrección de 1807, que ha amenazado con implementar.
Lombardo ha promovido su papel en haber deportado a 10,000 personas cuando se fue alguacil del Condado Clark.
Jiromi Peña, una estudiante de UNLV de 19 años, ha estado preocupada por seres queridos indocumentados desde la reelección de Trump.
Ella comentó que a muchos de sus amigos cercanos beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) les preocupa que ese u otros mecanismos de protección temporal pudieran poner en riesgo su estatus legal. Mientras tanto, su padre, que ha vivido en los EE.UU. durante décadas, ya tiene un plan B para regresar con su familia a México, si es deportado.
Aun así, Peña, quien es una becaria de justicia con Make the Road Nevada, un grupo progresista sin fines de lucro en defensa de los inmigrantes, comentó que se siente “preparada para lo que traerá la presidencia [de Trump]”.
Make the Road ya está pensando en planes para ayudar a personas indocumentadas una vez que Trump asuma el cargo. Eso incluye ponerlas en contacto con servicios legales y ampliar las despensas de comida para quienes tengan miedo de ir a comprar sus propios alimentos, agregó Peña.
Benjelloun también tiene un plan B. Desde principios de noviembre, ha estado dudando si debe regresar a los Países Bajos para estar con sus padres y su hermana, que también fue deportada.
Pero Benjelloun sigue teniendo dudas porque creció en los EE.UU. y quiere seguir con su carrera empresarial y su trabajo en torno a la reforma migratoria. En sus casi tres décadas aquí, Benjelloun ha sido el presidente electo más joven del cuerpo estudiantil en UNLV y en ingresar a la universidad a los 14 años.
“No he visto a mis padres en cinco años y voy a seguir en el limbo y no estoy seguro de saber qué se supone que vendrá después”, dijo Benjelloun.
