Ahora que los Republicanos han tomado el control de ambas cámaras del Congreso y de la Casa Blanca, el Congresista Republicano Mark Amodei, quien ha ocupado el cargo desde 2011, tendrá una misión que va más allá de sus prioridades en el Estado de Plata.
Como presidente del subcomité de Seguridad Nacional en el Comité de Asignaciones, él tiene la tarea de financiar las agencias que el Presidente electo Donald Trump planea desplegar en su campaña de deportaciones masivas.
Este es un resumen de una entrevista donde Amodei habló de esa tarea y de otros temas.
Los retos de una deportación masiva
La visión de Amodei acerca de lo que se podría lograr no es tan optimista como la de algunos de sus colegas. Actualmente, el plan Republicano es aprobar un proyecto de ley enfocado en la industria energética y en la frontera en los primeros 100 días de la administración Trump, y una iniciativa de ley fiscal más adelante.
Pero el Congreso aún no ha aprobado un proyecto de ley de gasto provisional para los fondos que expiran a fin de año, ni los presupuestos para los años fiscales 2025 y 2026.
Amodei estará a cargo de asignar fondos para el Departamento de Seguridad Nacional y sus subagencias — especialmente Inmigración y Control de Aduanas — a las que Trump encargará la ejecución de su agenda de deportaciones masivas.
Esta semana Amodei tiene previsto reunirse con el nuevo subdirector de políticas públicas, Stephen Miller, y con el zar de la frontera, Tom Homan, para iniciar conversaciones presupuestarias.
“Espero que tengamos más dinero en Seguridad Nacional, pero no es como si tuviéramos una chequera abierta, ¿verdad?”, dijo Amodei. “Hay que ofrecer un gran resultado”.
Al haber administrado el proceso de asignación de fondos para Seguridad Nacional este año, Amodei tiene una opinión informada sobre la capacidad de dicha agencia para llevar a cabo un programa de ese tipo. Él dijo que la posibilidad de una deportación masiva depende de la definición de “masiva” que tenga el gobierno.
Amodei calculó que casi un millón de personas se encuentran ilegalmente en los EE.UU. y han cometido un delito o ya se les ha negado su solicitud de asilo.
Para aumentar las deportaciones de ese grupo más allá de unas 250,000 por año bajo la administración del Presidente Joe Biden, Amodei indicó que sería necesario duplicar el número de vuelos de regreso a los países de origen y las camas en centros de detención, y aumentar la cifra de abogados de inmigración.
Incluso con más fondos, Amodei señaló que tomaría tiempo construir la infraestructura física e institucional y humana necesaria para albergar a quienes esperan ser deportados, más allá del uso actual de refugios temporales y flexibles.
El congresista de Nevada calculó que la construcción de la infraestructura por sí sola tomaría de tres a cinco años — además de retos diplomáticos con países como China, que se niegan a recibir a sus deportados.
Amodei nunca ha sido radical en materia de inmigración y comentó que quienes fueron traídos a los EE.UU. cuando eran niños y que ahora tienen profesiones, merecen soluciones legislativas y ser tratados con criterio dentro del nuevo régimen de inmigración.
Amodei consideró que, debido a los retos que plantea una deportación masiva, los inmigrantes indocumentados que llevan muchos años en el país no enfrentarían ninguna amenaza inmediata.
“Si usted es un delincuente convicto, integrante de una pandilla o alguien que pasó por una audiencia y no le concedieron asilo, entonces esperaría que [esas] personas comiencen a prepararse para regresar”, dijo.
¿Otro elemento no abordado en el tema de las deportaciones masivas? El costo.
“La deuda nacional no es irrelevante”, dijo Amodei. “¿Va a costar más dinero? Sí. ¿Deberíamos encontrar formas de proporcionar el recurso que se requiere sin aumentar la deuda? Sí. Así que ese es el reto”.
